18 Agosto 2013
Centro Universitario Regional Cibao Central (Curse UASD), en Bonao,
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SANTO DOMINGO.- La Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República investiga sobre los recursos económicos que fueron invertidos en la construcción del Centro Universitario Regional Cibao Central (Curse UASD), en Bonao, revelaron este domingo medios de prensa.
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La directora de la entidad Laura Guerrero Pellier inició la investigación luego de que fuera apoderada de una querella presentada por la Fundación Primero Justicia a través de los abogados Roberto rosario Peña, Juan Roberto González y Ramón María Almánzar, informa el periódico El Nacional.
El diario agrega que la querella involucra a nueve personas, entre ellas el senador Félix Nova Paulino, Carlos Manuel Ozoria, Néstor Francisco Melenciano, Alberto Holguín, Franklin Mena, Valin de Jesús Marte, Diego Polo Martínez, y las compañías Dicocisa y Ozoria y Asociados.
Señala que en el CURSE-UASD fueron gastados 585 millones 920 mil 449 pesos durante el pasado gobierno de Leonel Fernández.
Supuestamente, el Consejo para el Desarrollo de la provincia Monseñor Nouel entregó 140 millones de pesos para dicha obra, a pesar de que la misma fue contemplada y pagada en el presupuesto de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.Los 140 millones formaban parte de los fondos entregados por la Falconbridge Dominicana, a los municipios, mediante la Ley 507 del 22 de noviembre de 2005, la cual establece el 70 por ciento a Monseñor Nouel, el 20 por ciento a La Vega y el 10 por ciento a la provincia María Trinidad Sánchez, por los efectos ocasionados al medioambiente por la explotación minera.
La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mediante contrato, encargó de dicha construcción a la empresa Dicosa.
Los querellantes solicitan a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción que designe un equipo de peritos para que informe respecto al costo de la obra y verifique las cubicaciones para determinar si se ajustan a la realidad.
La querella fue notificada, mediante el acto de alguacil, número 100-2013, en Bonao, del ministerial José Ramón Andújar, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de La Vega.
