8 Octubre 2013
SANTO DOMINGO.- La Corte Interamericana de los
Derechos Humanos inicia hoy en la capital de México el conocimiento de
las acusaciones que se han hecho a la República Dominicana por
supuestamente hacer expulsiones arbitrarias de haitianos y discriminar a
descendientes de éstos.
jump break
Esta audiencia, cuyas discusiones se extenderán hasta
el próximo viernes, se llevará a cabo en el marco del 48° Período
Extraordinario de Sesiones de dicha Corte. Tendrá
lugar en la Biblioteca México "José Vasconcelos", ubicada en Plaza de
la Ciudadela núm. 4, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc.
Caso Tide Méndez y otros
El 12 de julio de 2011 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el caso “Tide Méndez y otros contra República Dominicana (No. 12.271)”.
De acuerdo a la Comisión, el caso se relaciona con
detenciones y expulsiones sumarias del territorio nacional de 27
personas, las cuales se habrían producido “en un contexto de
deportaciones colectivas y masivas que afectaban igualmente a nacionales
y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su
residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y
familiares con República Dominicana”.
Indica que “las características fenotípicas y el color
de la piel habrían sido elementos determinantes en el momento de
seleccionar a las personas que iban a ser detenidas y posteriormente
expulsadas, lo que demuestra un patrón de discriminación respecto de
otras personas”.
Alega que "presuntamente existían una serie de
impedimentos para que los migrantes haitianos regularizaran su situación
legal en el país y para que pudieran inscribir a sus hijos e hijas
nacidos en territorio dominicano”.
Manifiesta la Comisión que los impedimentos para
conceder la nacionalidad a las personas nacidas en territorio
dominicano, a pesar de que el Estado respeta el principio de jus soli,
constituyen una privación arbitraria de la nacionalidad, que promueve la
detención y posible deportación de nacionales, y colocó a las presuntas
víctimas en una situación de extremo riesgo y vulnerabilidad.
Niños migrantes
En cuanto a la situación de los niños y las niñas
presuntas víctimas del caso, la Comisión alegó que era posible advertir
“una secuencia de hechos que se inician con la negativa de inscripción
del nacimiento y la consiguiente imposibilidad de obtener la
nacionalidad y acceder a servicios básicos de salud y educación,
continúa con la exposición a ser detenidos y expulsados arbitrariamente
del país del que eran nacionales, sin tener en cuenta sus necesidades
por su condición de niños y niñas y afectando el normal desenvolvimiento
de su proyecto de vida personal y familiar, y finaliza con la
imposibilidad de acceder a recursos judiciales para la protección de sus
derechos”.
Señaló que durante su detención, las presuntas
víctimas no recibieron agua, alimentos ni asistencia médica, y su
expulsión conllevó "el desarraigo, el desmembramiento de los lazos y la
estructura familiar, y afectó el normal desarrollo de las relaciones
familiares, incluso para los nuevos miembros de la familia".
Concluyó que la alegada expulsión de las presuntas
víctimas implicó la pérdida automática de facto de todos aquellos
efectos que quedaron en territorio dominicano, lo que constituyó una
privación ilegal de sus bienes, y no reciben ninguna indemnización al
respecto.
En este sentido, solicita reparaciones que estima que deben otorgarse a las presuntas víctimas.
Cita “violaciones”
La Comisión solicitó a la Corte que declare la
violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la
Personalidad Jurídica), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho
a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la
Familia), 19 (Derechos el Niño), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 21
(Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación y de
Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) de dicho tratado, en perjuicio, según sea el
caso, de las presuntas víctimas del presente caso.
Las acusaciones fueron elaboradas en base a un informe
incoado por Benito Tide Méndez y otros ciudadanos, quienes señalaron
que fueron despojados de sus cédulas de identidad (que las autoridades
del país describieron como cédulas falsas, por no estar sustentadas en
actas de nacimiento ni estar asentadas en los libros de la Junta Central
Electoral).
Declararon que fueron objeto de atropellos por parte
de las autoridades, que sus bienes se perdieron de resultas de la
deportación y que se les privó de derechos adquiridos.
El expediente fue cuidadosamente elaborado por el
Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA), la Clínica de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, el
Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) y el Centro de Justicia
y Derecho Internacional (CEJIL).
Todas las personas demandantes ratificaron ante
notarios que, al ser despojados de sus cédulas de identidad, les fueron
vulnerados sus derechos.
No fue presentado a la justicia dominicana
El expediente no fue presentado a la Justicia
dominicana ni fueron agotados aquí los procedimientos previstos en las
normas de la Corte Interamericana.
Defensa de las “víctimas”
En representación de las víctimas declararán la
antropóloga Tahira Vargas, el abogado Cristóbal Rodríguez y la psicóloga
Rosa del Rosario, cuyas versiones serán acompañadas del peritaje de la
señora Briget Wodding (que dirige una ONG pro haitiana en la República
Dominicana y es miembro del Observatorio de Asuntos Haitianos dirigido
por el sociólogo Wilfredo Lozano) y el abogado Carlos Quezada.
En representación del Estado dominicano actuarán como
testigos Carmen Maribel Ferreras Mella, ex directora regional de
Migración, acompañada del peritaje propuesto por el Estado del
antropólogo Fernando Ferrán y del historiador y escritor Manuel Núñez
Asencio.
Los abogados que representarán al Estado son Juan
Bautista Tavares Gómez, especialista en registro civil de la Junta
Central Electoral; Cecilio Gómez Pérez, abogado constitucionalista y
Santo Miguel Román, experto en migración de la Dirección General de
Migración.
Audiencia el martes
La audiencia contra la República Dominicana será el martes desde las 08:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
El miércoles la misma continuará de 08:30 a 11:30 de la mañana y el jueves de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
