7 Diciembre 2013
Cancillería de la República Dominicana
|
SANTO DOMINGO.- La Cancillería de la República Dominicana manifestó su "inconformidad y desagrado" por las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad dominicana a los hijos de indocumentados.
jump break
Dijo que en su informe del viernes, la CIDH "muestra una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de nuestro país".
"Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con el respeto de la dignidad humana, así como con los derechos fundamentales y derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida por el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, recordamos una vez más que el gobierno está actuando con apego a nuestro orden constitucional y, por tanto, acata lo estipulado por el Tribunal", expresó la Cancellería en un comunicado.
Aunque agradeció la mención del CIDH en torno a los avances en la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos en República Dominicana, lamentó el escaso reconocimiento y relevancia que ese organismo otorgó a los esfuerzos del Gobierno para alcanzar una solución justa y legal a la situación planteada por dicha sentencia.
"Entendemos, además, que poner en marcha el Plan de Regularización es también una forma de reconocer y garantizar derechos a toda la población de nuestro país", indicó.
Con ello -explicó- se cumple el objetivo de dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, para los extranjeros en situación migratoria irregular. "Esto permitirá, tanto ejercer la soberanía nacional, como dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen", agregó.
"Adicionalmente, y con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos los individuos en nuestro país, el GTobierno trabaja en medidas adicionales, como la creación de un proyecto de Ley de Naturalización Especial", añade el documento.
Señaló, además que "si bien es cierto que en el país puedan registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, son siempre expresiones de particulares y, en ningún caso, reflejan posiciones compartidas por ninguna de las instituciones representativas dominicanas ni por la mayoría de su población. Esta situación, si bien no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse".
La Cancillería reafirmó, asimismo, que cualquier víctima de abuso o discriminación en República Dominicana cuenta con los mecanismos legales para denunciar el hecho y con el apoyo del Estado de Derecho.
Marginalidad y pobreza
"En lo relativo a la situación de marginalidad y pobreza en la que se encontrarían muchos migrantes en la República Dominicana, es justo señalar que, lamentablemente, es una situación compartida con miles de dominicanos. Esto no ha impedido, sin embargo, que nuestro país extienda solidariamente servicios como los de salud pública o educación a más de medio millón de migrantes", indicó.
En este context -agregó- deseamos resaltar que el gobierno de la República Dominicana ha puesto en marcha un programa cuyos ejes centrales son el combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusion, que beneficia por igual a todos los habitantes del territorio, sin importar su origen.
"No está de más recordar también que, desde que se conoció la Sentencia 168-13, el Presidente Medina y su equipo de gobierno han tomado numerosas disposiciones para buscar soluciones humanas y proteger los derechos de los afectados con la misma", sostuvo.
