Gobierno responderá sentencia Corte IDH

23 Octubre 2014
SANTO DOMINGO, 23 de octubre.- El Gobierno de la República Dominicana responderá a más tardar este viernes al mediodía a la sentencia emitida ayer en Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre alegadas violaciones cometidas por autoridades locales al realizar repatriaciones de extranjeros.El portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, informó en rueda de prensa que inmediatamente recibió dicho fallo,
jump break  técnicos de distintas dependencias se han abocado al estudio del mismo “con toda la serenidad que corresponde”, ya que involucra no sólo al Ejecutivo sino a otros poderes del Estado. Este miércoles la Corte IDH, en un documento de 160 páginas, sentenció que entre los años 1999 y 2000 la República Dominicana  violó derechos de personas dominicanas de ascendencia haitiana al realizar repatriaciones de extranjeros.  (Durante este lapso finalizaba el primer gobierno del peledeísta Leonel Fernández). Rodríguez Marchena fue enfático al señalar que los técnicos analizan "todas las implicaciones, todo el significado que esto tiene" con "toda la serenidad que corresponde”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es unórgano judicialde laOrganización de los Estados Americanos(OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede enSan José de Costa Rica. Su  propósito es aplicar e interpretar laConvención Americana sobre Derechos Humanosy otrostratadosde la materia,a los cuales se somete el llamadosistema interamericano de protección de derechos humanos.
El organismo emitió una “Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas”,  respecto a un caso sometido a la jurisdicción de la Corte el 12 de julio de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Este último se refiere a supuestas privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, entre las cuales había niños .  
Los hechos habrían ocurrido entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos, agrega.  
 “En esta situación, los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros casos las víctimas nacidas en República Dominicana no se encontraban registradas ni contaban con documentación que acreditara su nacionalidad”, dice.