24 Septiembre 2014
SANTO DOMINGO.- Las autoridades de la
República Dominicana despojarán de armas, sea de fuego o blancas, a todos los
haitianos y demás extranjeros que residen en el territorio nacional, informó ayer el ministro de
Interior y Policía, José ramón Gadul.
jump break
El anuncio fue hecho por el funcionario después
que él y el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, calificaran
de “preocupante” un incidente ocurrido el sábado en el barrio 27 de
Febrero. Allí un grupo de haitianos
supuestamente atacó con armas de fuego a la Policía, tras la muerte de un
disparo de un compatriota suyo a manos de un agente de esta última institución.
Aclaró que el desarme se extenderá a toda
la población y a otros extranjeros que porten armas sin la debida autorización
legal. En cada caso, será sometido a la justicia todo el que de manera ilegal
porte un arma de fuego en esas condiciones, lo cual es sancionado por la Ley 36.
Señaló que la agresividad exhibida por los
haitianos, pone en mayor alerta a las autoridades dominicanas.
Periodistas preguntaron al Ministro sobre una
supuesta campaña de descrédito iniciada por la activista pro haitiana Juliana
Deguis ante el Tribunal de La Haya, y respondió que la República Dominicana
cuenta con representantes como la vicecanciller Alejandra Liriano, quienes ha explicado claramente la posición del país
sobre el caso.
“Aquí se están aplicando criterios muy
claros con respecto a la soberanía nacional, nosotros no tenemos ninguna
negación de nacionalidad, aquí no hay refugiados, aquí no hay persecución de
extranjeros, aquí los extranjeros se reúnen donde sea, aun siendo ilegales y
nadie los persigue y los estamos legalizando de manera pública”, aseveró.
Fadul negó que la República Dominicana
esté de rodillas ante Haití, ni ante ninguna nación, y aclaró que la soberanía
dominicana no se negocia.
Ayer el Ministro de Interior encabezó una reunión
del Consejo Superior Policial en la que fue evaluado el Sistema Nacional de
Emergencias 9-1-1.
El jefe de la
Policía informó que se contempla aumentar, a nivel policial, el Plan de
Emergencias en otros sectores y provincias donde la delincuencia es más alta.
