3 Octubre 2014
NUEVA YORK, 3 de octubre.- La ex asambleísta del Alto
Manhattan Gabriela Rosa fue sentenciada este viernes a un
año y un día de presión, por fraude matrimonial para obtener ilegalmente la
ciudadanía estadounidense. También por haber hecho una declaración falsa sobre
sus propiedades y sus ingresos ante un tribunal de bancarrotas.
En un acto de solidaridad a la corte se presentaron
miembros de la comunidad del Alto Manhattan y oficiales electos, entre ellos el
senador estatal Adriano Espaillat, el asambleísta Luis Sepúlveda, el concejal
Ydanis Rodríguez y el ex jefe de Rosa, el asambleísta Herman Farrell. Cuando salió de la sala del tribunal apoyó la cabeza
en el hombro de Farrell y lloró.
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De 47 años y origen dominicano, fue electa en 2012
para representar en la Asamblea Estatal a las comunidades de Washington Heights
e Inwood, se declaró culpable en junio pasado y renunció a su cargo.
Enfrentaba una pena de 12 a 18 meses de prisión bajo
las regulaciones federales y fue sentenciada por la juez Denise Cote, de la
Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan. Según la Fiscalía, la mujer cometió fraude matrimonial
y usó los mismos documentos para aplicar por la ciudadanía estadounidense en
2005, por lo que el caso cayó en la categoría de corrupción pública. Se trata de la primera mujer dominicana en ocupar un
escaño en la Asamblea Estatal de Nueva York, nació en Santiago de los
Caballeros y llegó a Nueva York en 1994, cuando apenas era una adolescente. Admitió haber pagado 8,000 dólares en 1996 a un
ciudadano estadounidense para que se casara con ella y de esa manera legalizar
su estadía en el país. Tres años después, se divorció y solicitó la ciudadanía. Mientras estuvo casada con el estadounidense mantuvo
una relación con el que luego sería su segundo marido. Los crímenes que se le imputan la incapacitan para
continuar en el servicio público. El fiscal federal Preet Bharara dijo en un comunicado
que Rosa pudo presentarse al cargo de asambleísta sólo como resultado de un
fraude de inmigración y luego agravó su falta de aptitud para servir
defraudando a un tribunal federal de bancarrotas.
En septiembre de 2009, Rosa acudió a la corte para
liquidar más de $30,000 dólares de deudas que acumulaba en cargos de tarjetas
de crédito y préstamos personales. Pero no declaró un apartamento que tenía en Manhattan
ni los ingresos extra que obtenía como consultora política ni las ganancias de
su marido.
