La entidad sostuvo que durante el presente año, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Tribunal Superior Electoral, ha imperado, más que la justicia, “el interés en favor del sector político con mayoría en el consejo nacional de la magistratura que designó a los jueces de dichas cortes”. La institución lamentó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y parte del pleno de la misma, envíen a través de sus “fallos interesados”, una “mala señal” a los tribunales inferiores. Por otro lado, CONA expuso que el Tribunal Constitucional ha evacuado decisiones trascendentales, entre las que refirió la sentencia 168-13, la cual, según la organización, sentó un precedente “positivo” en cuanto a la nacionalidad dominicana. En torno a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, CONA denunció que el Gobierno “continúa haciendo al margen de la ley los mismos negocios del pasado, ahora desde el Ministerio de Educación, a través de los sorteos y concursos de construcción de escuelas y expendio de desayuno y almuerzo escolar”. La entidad afirmó que por su conformación, el sistema de justicia actual “constituye un traje a la medida para ex y actuales funcionarios peledeístas”. “Es lastimoso que todo parezca indicar que por ejemplo, el secretario de Organización y senador del PLD, Félix Bautista, se va a salir con la suya, gracias a sus influencias políticas sobre miembros del pleno de la Suprema Corte de Justicia”, dijo el representante de CONA, Yuniol Ramírez Ferreras. Asimismo, opinó que lo propio ocurre en el Ministerio Público respecto de la protección a algunos funcionarios. “Tal es el caso del director de la Oficina para el Reordenamiento del Transponte (OPRET), Diandino Peña, a quien CONA sometió por sustracción de fondos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ante lo cual la titular de dicho departamento Laura Guerrero Peletier ha dado la callada por respuesta, mientras que a otros funcionarios ha pretendido aparentar interés en investigarlos”, dijo Ramírez. La organización de la sociedad civil deploró del mismo modo las carencias con que continuaron operando durante este año algunos tribunales, entre las que citó el de atención permanente de la provincia de Santo Domingo, el cual según la entidad, “aún opera en un furgón ubicado en el patio trasero del palacio de justicia, localizado en la avenida Charles de Gaulle del municipio Santo Domingo Este”. EFE