16 Marzo 2014
Miguel Vargas
|
SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, sugirió al Gobierno que ejecute "medidas concretas y efectivas" para detener la delincuencia común y el crimen organizado.
jump break
Indicó que para la implementación de un plan de esta naturaleza, puede contar con el concurso del partido blanco.
“Las autoridades no pueden esperar que la población se resigne a aceptar que los atracos y otros crímenes contra la integridad física y los bienes de los ciudadanos, sean parte del paisaje dominicano”, expresó.
Aunque reconoce que el presidente Medina ha hecho esfuerzos, como enviar militares a las calles, cree que los mismos son insuficientes y que se requiere "toda una estrategia que debe ser recogida en un Pacto por la Seguridad Ciudadana, como ha propuesto el PRD en diferentes ocasiones”.
El presidente del PRD puso de ejemplo el caso de Sandra Gullón, regidora y presidenta de la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas de Santiago, quien a principios de semana fue atracada en su residencia junto a sus hijos, por cuatro hombres armados.
"Resulta evidente que ese tipo de bandas del crimen organizado dispone de capacidad para comercializar los bienes que roban y hasta para pagar impunidad para operar y seguir en las calles, atacando una y otra vez a ciudadanos indefensos", señala.
Vargas también se refirió al reclamo de sor Yaira Santiago, directora de la escuela Fe y Alegría, de Sabana Perdida, quien dijo que en este sector la gente sale de su casa y no sabe si volverá, “igual que ocurre en todos los hogares dominicanos, que cuando los hijos salen a estudiar o a divertirse no se duerme hasta que no regresan”.
Plantea que el Gobierno, junto a los poderes Legislativo y Judicial y la sociedad en general, desarrolle programas que incluyan sacar de las calles hasta por 10 y 15 años a todo delincuente que intervenga en asaltos.
Pide que se ponga la debida atención al pedido de Fray Arístides Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria, de que sea clausurado el penal de La Victoria y en su lugar sean construidos otros centros para atender a unos 8 mil prisioneros albergados en él.
Subraya que es obligación de los partidos políticos demandar del Estado que cumpla sus responsabilidades y obligaciones, pero también proponer soluciones especialmente en problemas que como el de la inseguridad ciudadana angustian tanto a la gente.
